Reconfiguración judicial y cerco financiero en Sinaloa marcan la agenda de Claudia Sheinbaum.
19 mayo, 2026 | 11:23 a. m.
La presidenta enviará una propuesta al Congreso para retrasar la elección popular de jueces, magistrados y ministros hasta junio de 2028, evitando así que coincida con los comicios federales de 2027 y garantizando una mejor organización logística.
CIUDAD DE MÉXICO. 19 MAYO 2026
En una jornada informativa de alto impacto político, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo delineó este lunes los nuevos ejes de la estrategia gubernamental en materia de reforma constitucional, relaciones bilaterales y combate a la corrupción. Durante su tradicional conferencia matutina, la mandataria anunció una propuesta para reprogramar las elecciones del Poder Judicial, detalló la respuesta financiera del Estado ante las investigaciones que sacuden a Sinaloa y fijó los límites de la cooperación con la administración de Donald Trump.
En un giro inesperado sobre la implementación de la reforma al Poder Judicial, el Ejecutivo federal propondrá formalmente al Poder Legislativo retrasar la elección popular de jueces, magistrados y ministros hasta junio de 2028.
La decisión, explicada junto a la consejera jurídica Luisa María Alcalde, responde a la necesidad de no saturar el aparato electoral en 2027, año en que se renovará la Cámara de Diputados. Con esta prórroga, el Gobierno busca un margen de maniobra que permita perfeccionar el diseño de las boletas, estructurar de manera óptima las listas de aspirantes y garantizar que los candidatos cuenten con los planes de capacitación necesarios antes de someterse al voto ciudadano.
El sismo político provocado por la entrega voluntaria de exfuncionarios sinaloenses ante las autoridades de Estados Unidos tuvo inmediatas repercusiones en el sistema financiero mexicano. Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) activó los protocolos de bloqueo preventivo en las cuentas bancarias de los involucrados, incluyendo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
La presidenta aclaró que esta medida no representa una acción política deliberada, sino la ejecución automática de convenios internacionales entre instituciones bancarias cuando existen órdenes de aprehensión vigentes en el extranjero. Bajo la premisa de que su gestión "no solapará a nadie", la mandataria respaldó la actuación de la UIF como un paso necesario para deslindar responsabilidades.
"Es un procedimiento automático y preventivo de la UIF debido a las órdenes de captura en el país vecino. Los bancos nacionales que operan con corresponsalías allá toman estas previsiones de inmediato", precisó el Ejecutivo.
Respecto a la agenda internacional, la jefa del Estado mexicano calificó de "excelente y respetuosa" la reciente llamada telefónica sostenida con el presidente estadounidense Donald Trump. Aunque se ratificó la voluntad de cooperar en el combate al tráfico de fentanilo, Sheinbaum fue enfática en marcar una línea de respeto a la soberanía nacional frente a las críticas de Washington sobre la infiltración criminal en las estructuras locales.
La presidenta puntualizó que, en el trato directo, el discurso de Trump difiere de la retórica pública de su país y reiteró que la corresponsabilidad exige que Estados Unidos frene el flujo ilegal de armas hacia México y atienda el consumo interno de drogas como un problema de salud pública.
"La colaboración es bienvenida en términos de intercambio de información, pero las operaciones en territorio nacional corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas. Eso es defender la soberanía", concluyó.