Cercan al "Cártel de Palacio" en Sinaloa: UIF asfixia financieramente a Rocha Moya y su círculo íntimo.

MÉXICO | 15 DE MAYO, 2026

Lo que comenzó como una serie de señalamientos en cortes neoyorquinas ha escalado hoy a una parálisis financiera total para la élite política de Sinaloa. En una acción sin precedentes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha formalizado el bloqueo de activos del gobernador Rubén Rocha Moya, sus hijos y el senador Enrique Inzunza Cázares, tras la aparición de sus nombres en expedientes vinculados al narcotráfico en Estados Unidos.

La instrucción, distribuida con carácter de urgente a todo el sistema bancario mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), representa un "torniquete" a los recursos de quienes hasta hace poco ostentaban el control absoluto de la entidad. La medida no se limita a las figuras públicas, sino que se extiende a una red de nueve implicados adicionales, señalados como presuntos operadores en la estructura de protección institucional a favor de facciones criminales.

Los puntos clave de este golpe financiero incluyen la suspensión inmediata de cuentas de ahorro, inversión y tarjetas de crédito. Asimismo , el impedimento para realizar transferencias nacionales o internacionales, neutralizando cualquier intento de dispersión de fondos. También, la medida responde a la evidencia presentada en una Corte de Nueva York, donde se les acusa de haber recibido financiamiento ilícito para campañas y beneficios personales.

Este movimiento de la UIF no es un hecho aislado. Se produce en un momento de máxima vulnerabilidad para el grupo sinaloense, coincidiendo con la reciente captura del General Gerardo Mérida Sánchez. Fuentes de alto nivel sugieren que el congelamiento de cuentas es la antesala de una orden de aprehensión con fines de extradición.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha incrementado la presión sobre el gobierno mexicano para que colabore en la entrega de los señalados, argumentando que la red de protección brindada a "Los Chapitos" desde el poder estatal fue fundamental para la crisis de fentanilo que azota a la región.

"El mensaje es claro: el blindaje político ha caducado. La UIF está actuando como el brazo ejecutor de una estrategia bilateral para desmantelar la narcopolítica en el Noroeste del país", señalan analistas en seguridad.

Mientras que en Culiacán la incertidumbre reina en las oficinas gubernamentales, en la capital del país el silencio de los aliados políticos de Rocha Moya es ensordecedor. Con las cuentas bloqueadas y sus nombres en las listas negras del Departamento del Tesoro (OFAC), el margen de maniobra para el mandatario y el senador Inzunza parece haberse reducido a cero, marcando el inicio del que podría ser el juicio político y criminal más relevante de la década.

Finalmente, esta medida administrativa precede a la posible solicitud de desafuero para el senador Inzunza Cázares, lo que permitiría su detención inmediata por parte de autoridades federales.