Exhibe México asimetría judicial con EE. UU.: Acusa congelamiento en extradiciones de Cabeza de Vaca y Álvarez Puga.

CIUDAD DE MÉXICO. 19 MAYO 2026

 

El Gobierno de México elevó el tono de su reclamo diplomático hacia los Estados Unidos al poner al descubierto un severo rezago en materia de cooperación judicial bilateral. Durante la conferencia matutina de este martes 19 de mayo, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que, desde el inicio de 2018, la justicia estadounidense ha mantenido en la inacción o ha rechazado las 269 solicitudes de extradición formuladas por el Estado mexicano, evidenciando una preocupante falta de reciprocidad en el combate transnacional al delito.

Acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, la jefa del Ejecutivo federal utilizó la tribuna para cuestionar los criterios de Washington, que sistemáticamente ha blindado mediante tecnicismos legales a exgobernadores, empresarios prófugos y piezas clave en investigaciones de gran repercusión nacional como el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el informe oficial de la Cancillería, el abultado inventario de requerimientos judiciales archivados o condicionados en los escritorios del Departamento de Justicia norteamericano expone una balanza sumamente desequilibrada. De las 269 peticiones enviadas por México en los últimos ocho años, ninguna ha concluido con la entrega del requerido. Asimismo,  un total de 36 solicitudes ya fueron descartadas de forma definitiva por las cortes estadounidenses. También, permanecen congelados 233 expedientes; de ellos, 183 corresponden a juicios de extradición formalizados y 50 a solicitudes de detención provisional. Finalmente, en 47 ocasiones, los jueces norteamericanos han devuelto las solicitudes exigiendo ampliaciones informativas extraordinarias a la Fiscalía General de la República (FGR).

Para demostrar lo que calificaron como un "doble rasero" en la colaboración de seguridad, las autoridades mexicanas ventilaron los nombres de objetivos prioritarios que han encontrado refugio legal en territorio estadounidense.  El exgobernador de Tamaulipas, imputado por delincuencia organizada y lavado de dinero, se mantiene intocable en EE. UU. Su proceso de captura provisional, iniciado en agosto de 2025, fue frenado bajo el argumento de que México debe brincarse los protocolos preventivos y pasar directo al juicio formal. Asimismo, al empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, señalado por delincuencia organizada y un fraude fiscal multimillonario, se le negó la extradición bajo el criterio de los tribunales estadounidenses de que sus ilícitos financieros "carecen de un componente violento". También, la entrega de Pablo Vega Cuevas, alias "El Transformer" (operador del grupo criminal Guerreros Unidos) y de José Ulises Bernabé García (exjuez de barandilla la noche de la desaparición de los normalistas), sigue empantanada debido a que Washington exige a la FGR un estándar de pruebas difícil de homologar de inmediato.

"La colaboración debe ser una vía de dos sentidos. Así como nuestro país procesa y entrega de manera expedita a los criminales requeridos por la justicia norteamericana, exigimos la misma celeridad y compromiso cuando se trata de personajes que han saqueado al erario o que tienen la clave para esclarecer tragedias históricas", enfatizó la presidenta Sheinbaum.

Este enérgico deslinde público ocurre en un momento de estira y afloja en las relaciones con el gobierno de Donald Trump. Al exponer la "lista negra" de extradiciones negadas, el Gobierno mexicano envía un mensaje claro: no se puede condicionar el apoyo en temas de seguridad fronteriza o combate al tráfico de fentanilo si Washington continúa operando como un santuario legal para los prófugos de la justicia mexicana.

La Cancillería adelantó que solventará las observaciones de los jueces norteamericanos, pero advirtió que la persistencia de esta parálisis mina el espíritu de los tratados internacionales vigentes entre ambas naciones.