México lleva ante la justicia penal de EE. UU. la muerte de 17 connacionales a manos del ICE.

CIUDAD DE MÉXICO. 13 Julio 2026

En un giro radical a su tradicional política exterior de protestas de escritorio, el Gobierno de México rompió los canales diplomáticos habituales y pasó a la acción judicial directa. Este lunes, el país formalizó un paquete de denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, responsabilizando a las autoridades migratorias por el fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos.

La decisión fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dejó claro que la paciencia frente a la burocracia de Washington llegó a su fin. Tras calificar los decesos como presuntos homicidios y atropellos flagrantes a las garantías individuales, la mandataria subrayó que el Estado mexicano asumirá un rol combativo en los tribunales estadounidenses para castigar a los responsables.

"Nuestra prioridad irrenunciable es resguardar la vida y la dignidad de los mexicanos en el exterior. Frente a la impunidad, la respuesta ya no serán cartas de queja, sino demandas penales", sentenció.

La SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) articuló las denuncias con base en dos escenarios críticos: 14 de las víctimas perdieron la vida bajo el encierro de los centros de internamiento migratorio, mientras que las tres restantes fallecieron en el despliegue de redadas y capturas callejeras.

La gota que derramó el vaso ocurrió hace apenas una semana en Houston, Texas. El pasado 7 de julio, Lorenzo Salgado Araujo, un migrante de 52 años, murió tiroteado por un agente del ICE mientras estaba en su automóvil. Aunque el discurso oficial estadounidense se apresuró a catalogar el hecho como un acto de "defensa propia", las pruebas recabadas por el consulado mexicano apuntan a un uso desproporcionado de la fuerza letal.

Antes de activar este litigio penal, la cancillería mexicana ya había agotado la vía pacífica mediante el envío de 11 notas diplomáticas de reclamo que el gobierno estadounidense prácticamente archivó. Ante el silencio de Washington, la diplomacia mexicana unió fuerzas con la Fiscalía General de la República (FGR) para armar los casos penales.

La estrategia jurídica de México no se limitará a buscar la cárcel para los agentes involucrados, sino que avanzará en tres frentes simultáneos:

Demandas civiles por daños y perjuicios en contra de los consorcios privados que lucran operando las cárceles del ICE.

Una petición formal al Alto Comisionado de la ONU para que inspeccione de manera independiente los reclusorios migratorios.

La presentación formal de los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pese a la dureza del choque judicial, el gobierno mexicano aseguró que esto no significa una ruptura en la cooperación bilateral con la administración de Donald Trump. Sin embargo, el mensaje implícito es contundente: la colaboración en temas fronterizos y comerciales no se pagará con la vida de los migrantes.

Sheinbaum concluyó con un llamado al Congreso y a la oposición para cerrar filas en torno a una causa que, aseguró, va más allá de cualquier color partidista: blindar la seguridad de la comunidad mexicana que trabaja al otro lado de la frontera.