Suprema Corte frena decreto de Trump contra la ciudadanía por nacimiento, pero le abre una rendija legal a futuro.

WASHINGTON D.C. 1 Julio 2026

El intento de Donald Trump por desmantelar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados fue bloqueado en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal del país invalidó la orden ejecutiva con la que la Casa Blanca pretendía derogar de un plumazo este beneficio histórico. Sin embargo, detrás del festejo de las organizaciones de derechos civiles, el fallo revela un panorama que dista mucho de ser un fracaso absoluto para la estrategia del mandatario.

El dictamen no cerró por completo la puerta al debate migratorio, sino que fracturó los criterios judiciales tradicionales y dejó una guía legal muy clara para un eventual zarpazo legislativo.

La resolución mayoritaria, redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, y respaldada de manera clave por la jueza de ala conservadora Amy Coney Barrett junto al bloque liberal, ratificó el principio tradicional del jus soli. Roberts argumentó que cualquier persona nacida bajo el cielo estadounidense queda cobijada por la Enmienda 14 de la Constitución, enfatizando que un derecho constitucional de tal magnitud no puede ser modificado unilateralmente por decretos presidenciales.

Pese a la revocación formal del decreto, el análisis de los votos demuestra que la Casa Blanca logró fisurar el consenso constitucional de largo plazo en dos frentes específicos. Al evaluar estrictamente el fondo constitucional de la medida, la balanza quedó al borde del empate. Los magistrados Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito defendieron abiertamente la visión de Trump, sosteniendo en sus disensos que el texto de la Constitución requiere una lealtad política inherente al país que los padres sin estatus legal o con visados transitorios no poseen.

El voto decisivo del juez Brett Kavanaugh, nominado durante la primera gestión de Trump, se unió al bloqueo de la orden ejecutiva únicamente por un tema de facultades: determinó que el presidente no tiene el poder legal para alterar las leyes de migración vigentes de forma directa. No obstante, Kavanaugh puntualizó que el Congreso de la Unión sí tiene la autoridad constitucional de modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad y crear excepciones explícitas para hijos de turistas o personas en situación irregular.

Tras conocer la resolución, Donald Trump no tardó en redirigir sus baterías hacia el poder legislativo, capitalizando la postura expuesta por Kavanaugh. En sus redes sociales calificó el fallo de "lamentable", pero instó al Congreso a redactar leyes inmediatas que pongan fin a lo que denominó una política migratoria "injusta".

Mientras se traza la batalla en el Capitolio, el Departamento de Justicia anunció que canalizará sus recursos en combatir con mayor severidad las redes de "turismo de nacimiento" (birth tourism), enfocando sus investigaciones en extranjeros que ingresen al país bajo declaraciones falsas con el único propósito de obtener la nacionalidad para sus hijos. El debate sobre la identidad estadounidense legal ha sido redirigido, pero está lejos de quedar sepultado.