Sheinbaum promulga decreto que blinda la titularidad del Ejecutivo con nacionalidad mexicana exclusiva.

CIUDAD DE MÉXICO. 7 de octubre.-

En un ajuste estructural al marco normativo de los cargos de elección popular en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles 7 de octubre de 2026 la promulgación de la reforma constitucional que restringe la titularidad de los Poderes Ejecutivos —a nivel federal y estatal— únicamente a ciudadanos que ostenten la nacionalidad mexicana sin ningún otro vínculo de pasaporte. El ordenamiento, ratificado tras consumar su tránsito por el Congreso y los parlamentos locales, se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con miras al ciclo electoral de 2028.

La enmienda modifica los preceptos de los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna, instaurando la renuncia expresa, probada y definitiva a cualquier otra ciudadanía como requisito indispensable de elegibilidad para quien aspire a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Bajo el nuevo protocolo, los perfiles interesados deberán tramitar el desistimiento diplomático ante la representación consular correspondiente y acreditar dicha constancia ante las autoridades electorales de manera previa a la validación de sus candidaturas.

Ejes principales de la modificación constitucional:

Foco en el alto mando del Estado: 
La restricción rige estrictamente para las titularidades del Ejecutivo federal, gubernaturas y la jefatura capitalina, dejando intactos los derechos de la ciudadanía general y de la comunidad migrante para mantener la doble nacionalidad en ámbitos civiles, académicos, laborales y patrimoniales.
 

Criterio de irretroactividad: 
Las exigencias entrarán en vigor formal hacia el proceso electoral de 2028, por lo que no afectan el ejercicio ni la validez de los mandatos o nombramientos vigentes.
 

Esquema de acreditación: 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Consejería Jurídica instrumentarán los lineamientos específicos para certificar el desahogo de las renuncias de doble ciudadanía en el extranjero antes de la apertura de registros de campaña.

Con la promulgación de este precepto, el Ejecutivo fundamenta la medida en la necesidad de blindar la soberanía del país, salvaguardando la lealtad e independencia en la toma de decisiones del más alto nivel político, al tiempo que delimita el alcance de la restricción para evitar afectar las garantías y libertades del resto de la población con estatus plurinacional.