Raquel Buenrostro bajo la lupa: venta no declarada de 9 millones pone en entredicho su papel anticorrupción.

Ciudad de México, 29 de octubre de 2025. 

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, enfrenta fuertes cuestionamientos luego de que se revelara que vendió un departamento valuado en más de 9 millones de pesos que nunca había sido incluido en sus declaraciones patrimoniales. La operación, realizada el 7 de mayo de 2024, ha despertado críticas y exigencias de transparencia hacia una de las principales funcionarias encargadas de combatir la corrupción en el país.

De acuerdo con reportes periodísticos, el inmueble —de 149 metros cuadrados y ubicado en una zona de alto valor inmobiliario— fue vendido en 9 millones 400 mil pesos, aunque su existencia no figura en los registros patrimoniales públicos de Buenrostro. Este hallazgo ha generado suspicacias sobre un posible ocultamiento de bienes y sobre la congruencia del discurso de austeridad y honestidad que impulsa el actual gobierno.

La dependencia que encabeza Buenrostro ya se encontraba bajo presión por las investigaciones que realiza en torno a presuntos sobornos en contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a irregularidades en adquisiciones públicas. La propia funcionaria había informado recientemente sobre 16 exdirectivos de Pemex investigados por corrupción, lo que ahora contrasta con las dudas que pesan sobre su propio patrimonio.

Expertos en transparencia y rendición de cuentas advirtieron que el caso podría tener un impacto significativo en la credibilidad del gobierno federal y en la imagen del sistema anticorrupción, pues representa un conflicto ético y de confianza pública. Aunque la Secretaría de Anticorrupción no ha emitido un pronunciamiento oficial, organizaciones ciudadanas y especialistas han pedido una auditoría independiente sobre el origen, declaración y venta del inmueble.

La polémica surge en un momento en que la administración federal busca reforzar su narrativa de limpieza institucional y combate a la corrupción. Sin embargo, este episodio podría convertirse en una prueba crucial para demostrar si la rendición de cuentas aplica por igual a todos, incluso a quienes están al frente de la vigilancia anticorrupción.