La FGR exhibe el esquema financiero del contralmirante Fernando Farías.

CIUDAD DE MÉXICO. 27 ABRIL 2026

En un avance clave para la investigación por corrupción en las altas esferas castrenses, la Fiscalía General de la República (FGR) ha expuesto el complejo entramado de ingresos no justificados del contralmirante Fernando Farías. El exmando de la Marina, quien aguarda su proceso de extradición desde Argentina, se encuentra hoy bajo la lupa tras detectarse una brecha millonaria entre su estilo de vida y sus ingresos auditables.

La auditoría forense presentada este 27 de abril de 2026 revela una gestión patrimonial que desafía la lógica contable del servicio público. De acuerdo con los peritajes, Farías mantuvo un nivel de gasto que superó en 5 millones 668 mil 603 pesos el total de sus percepciones legítimas como integrante de la Armada de México.

Sin embargo, el hallazgo más contundente reside en su supuesta faceta de inversor. Aunque sus ingresos anuales como asalariado se situaban en 1.76 millones de pesos, el contralmirante reportó haber obtenido 17 millones de pesos adicionales en calidad de accionista. El conflicto radica en que, a pesar de la magnitud de la cifra, no existe evidencia de un solo comprobante fiscal que respalde tales utilidades empresariales. El flujo de efectivo detectado en sus cuentas personales no corresponde a la capacidad de ahorro de su sueldo nominal. Asimismo, la ausencia de facturación en sus ingresos de 17 millones de pesos sugiere, según la Fiscalía, un intento de blanqueo de capitales o la recepción de sobornos bajo el disfraz de dividendos. Estos hallazgos fortalecen el expediente con el que México busca asegurar su retorno desde Sudamérica para enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito.

Este caso se perfila como un referente en la fiscalización de los mandos militares. Mientras que la defensa de Farías intentó justificar su fortuna mediante la participación en el sector privado, la carencia de registros ante el SAT ha dejado su estrategia legal sin sustento técnico.

La FGR ha señalado que esta investigación forma parte de una limpieza profunda en las instituciones de seguridad, advirtiendo que la posesión de acciones no exime a los funcionarios de la transparencia obligatoria. Por ahora, el patrimonio del contralmirante permanece inmovilizado mientras las autoridades rastrean si estos fondos tienen origen en contratos públicos asignados de manera irregular.