El IPN elimina el examen virtual en la CDMX para frenar fraudes y adopta un formato híbrido.

CIUDAD DE MÉXICO; 28 de agosto de 2026.-

En una reestructuración de su estrategia de selección, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dejó de lado la aplicación de exámenes totalmente virtuales para la Zona Metropolitana del Valle de México. Con el objetivo de frenar cualquier intento de fraude o suplantación, la casa de estudios optó por implementar un esquema híbrido para la segunda vuelta de admisión al nivel licenciatura, agendada para el próximo 26 de septiembre.

Bajo este modelo, los aspirantes radicados en la capital del país y sus municipios conurbados deberán acudir de forma presencial a los centros de aplicación designados. Por su parte, los candidatos que postulen desde las unidades académicas distribuidas en el resto de los estados conservarán la modalidad digital a distancia.

La decisión de la institución técnica ocurre tras salir a la luz diversas irregularidades detectadas en procesos de ingreso de otras casas de estudio, donde se identificó el uso de tecnología encubierta y la intervención de terceros para resolver pruebas a distancia.

Aunque el Politécnico fue una de las instituciones pioneras en digitalizar sus exámenes de admisión masivos a partir de 2022, la concentración de demanda en el área central del país impulsó el retorno a los espacios físicos. Las autoridades universitarias buscan con esto erradicar los vacíos de vigilancia que facilitan la deshonestidad académica, protegiendo la validez del concurso de selección.

El cambio de formato para la Zona Metropolitana no alterará los plazos fijados en la convocatoria oficial. El cronograma institucional se mantendrá sin cambios:

Examen de admisión: 26 de septiembre.

Resultados oficiales: 24 de octubre.

Cotejo de documentación: 27 y 28 de octubre.

Arranque de clases (periodo 2027-2): 25 de enero de 2027.

La medida del IPN reaviva la discusión en el sector educativo sobre los alcances y límites de los exámenes a distancia, subrayando los retos de seguridad que enfrentan las universidades públicas al equilibrar la innovación tecnológica con la equidad procesal.