Acusan uso político de programa público con impacto de 27 mil millones de pesos.
10 febrero, 2026 | 11:57 a. m.Señalamientos recientes acusan que un programa público con un impacto estimado de 27 mil millones de pesos fue utilizado con fines de operación política. El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en decisiones de alto impacto financiero.
Ciudad de México, 10 de febrero de 2026.
Nuevos señalamientos han reavivado el debate sobre el uso de recursos públicos con fines políticos, luego de que se diera a conocer que un programa gubernamental con un impacto financiero estimado en 27 mil millones de pesos habría sido utilizado como herramienta de operación política, presuntamente bajo la influencia de Jesús Ramírez Cuevas, excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia.
De acuerdo con revelaciones contenidas en una investigación periodística reciente, el programa en cuestión fue impulsado mediante un decreto presidencial y presentado como un mecanismo de compensación para exempleados de la extinta Luz y Fuerza del Centro. No obstante, el análisis expone que el esquema careció de una planeación financiera sólida y que su implementación generó un pasivo de largo plazo que comprometería recursos públicos durante varias décadas.
El documento sostiene que, más allá de su objetivo social, el programa habría sido utilizado para fortalecer estructuras de apoyo político, influir en disputas internas de organizaciones sindicales y consolidar lealtades en momentos clave del escenario político nacional. El impacto presupuestal del esquema, según estudios actuariales, se extendería hasta mediados del siglo XXI.
El caso ha provocado cuestionamientos sobre la transparencia en la toma de decisiones, el uso de decretos presidenciales para crear compromisos financieros de gran escala y los límites entre política social y estrategia política. Hasta el momento, no se ha informado de acciones legales formales derivadas de estos señalamientos.
Por su parte, el Gobierno federal ha minimizado las acusaciones y ha reiterado que el programa fue diseñado como una medida de justicia laboral. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló recientemente que no existen elementos suficientes para atribuir irregularidades directas al funcionario señalado, aunque el tema continúa generando debate en círculos políticos y mediáticos.