Vizsla Silver confirma fallecimiento de trabajadores secuestrados en Concordia; continúa investigación.
9 febrero, 2026 | 11:59 a. m.La minera canadiense Vizsla Silver confirmó el fallecimiento de los trabajadores secuestrados en Concordia, Sinaloa. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables, mientras continúan los trabajos forenses y de seguridad en la región.
Concordia, Sinaloa, 9 de febrero de 2026.
La empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp. confirmó este lunes el fallecimiento de los trabajadores que habían sido privados de la libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa, un hecho que ha generado consternación tanto en el sector minero como entre autoridades mexicanas y extranjeras.
El secuestro ocurrió a finales de enero, cuando un grupo armado irrumpió en una zona donde laboraban empleados de la compañía, dedicada a la exploración minera en la región serrana del sur de Sinaloa. Desde ese momento, se desplegó un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, con la participación del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, para dar con el paradero de las víctimas.
A través de un comunicado, Vizsla Silver informó que, tras los avances de la investigación y la localización de restos humanos en la zona, se confirmó que los trabajadores secuestrados perdieron la vida, aunque el proceso de identificación forense y notificación oficial continúa en coordinación con las autoridades competentes y las familias.
Fuentes oficiales han señalado que declaraciones de personas detenidas permitieron ubicar puntos de interés donde se realizaron hallazgos relevantes para el caso. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del crimen, en una región afectada por la presencia de grupos delictivos en disputa.
La empresa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que colabora plenamente con las autoridades, además de revisar sus protocolos de seguridad. El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad para trabajadores en zonas de alta incidencia delictiva, así como la exigencia de justicia por parte de colectivos y organizaciones empresariales.