Trump ordena a los bancos fiscalizar las remesas de migrantes.

WASHINGTON. 20 MAYO 2026 

En una medida que amenaza con desestabilizar el principal ingreso de divisas para millones de hogares en América Latina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles 20 de mayo de 2026 un decreto que impone un estricto cerco financiero sobre el envío de dinero al extranjero.

La orden ejecutiva, titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, obliga a las instituciones bancarias y plataformas de pago digital a monitorear con lupa las transferencias internacionales. El objetivo central de la Casa Blanca es asfixiar los canales económicos que utilizan los trabajadores en situación migratoria irregular.

La normativa federal no prohíbe las remesas de forma directa, pero eleva los requisitos burocráticos a niveles que, en la práctica, forzarán el bloqueo de miles de cuentas y envíos. Asimismo, los bancos deberán robustecer sus protocolos de identidad. Si detectan perfiles de riesgo, tendrán la facultad de exigir comprobantes de residencia legal antes de autorizar un envío internacional. También, se rastrearán de manera automatizada los depósitos e ingresos hormiga (cantidades pequeñas y repetitivas), un patrón común entre los trabajadores que mandan dinero según sus ciclos de nómina. Por oro lado, el decreto pone bajo la lupa a las aplicaciones de pago entre particulares (peer-to-peer) y billeteras electrónicas, señaladas por el gobierno de operar fuera de los controles tradicionales. Finalmente, se ordena restringir el acceso a financiamientos comerciales e hipotecarios a toda persona que no cuente con una autorización oficial para trabajar en el país.

El impacto de este anuncio se sintió de inmediato en los círculos financieros de la Ciudad de México. Las remesas representan el sostén de comunidades enteras y el principal motor del consumo interno mexicano.

Analistas del sector privado advierten que un desplome en el flujo de dólares hacia el país agravaría el panorama económico actual, coincidiendo con un momento de alta vulnerabilidad en el que agencias como Moody's y S&P Global ya mantienen bajo la lupa la calificación crediticia de la deuda soberana de México.

Aunque el sector bancario de Wall Street mostró alivio debido a que el texto final omitió la obligación de exigir datos de ciudadanía a todos los clientes del sistema, las organizaciones de derechos humanos condenaron enérgicamente la medida. Activistas denunciaron que la orden ejecutiva criminaliza la inclusión financiera de los migrantes y advirtieron que la restricción solo empujará a los trabajadores a utilizar vías de envío informales, clandestinas y mucho más peligrosas.