Sheinbaum llama a boicotear a la televisora y esta responde con acusaciones de censura y nexos con el crimen.

CIUDAD DE MÉXICO.  26 MAYO 2026 

La relación entre el Poder Ejecutivo y el conglomerado de medios de Ricardo Salinas Pliego ha alcanzado su punto de quiebre más crítico. En un hecho sin precedentes recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó abiertamente a la población a apagar las pantallas de TV Azteca, provocando una durísima réplica de la empresa, que acusó a la mandataria de intentar amordazar a la prensa y de mantener una supuesta complicidad con los cárteles de la droga.

El distanciamiento que se venía gestando desde hace meses escaló a un conflicto abierto durante la conferencia matutina de este martes 26 de mayo. La jefa del Estado mexicano utilizó la tribuna pública para desacreditar la línea informativa de la televisora del Ajusco, acusándola de operar bajo una agenda de intereses privados que busca desestabilizar la percepción ciudadana sobre su gestión.

Sheinbaum fue tajante al pedir un voto de desconfianza a la audiencia, argumentando que los espacios noticiosos del canal recurren a la manipulación sistemática y carecen de rigor informativo.

La respuesta de TV Azteca no se hizo esperar y llegó con una virulencia discursiva pocas veces vista en los medios nacionales. A través de un posicionamiento oficial, el medio de comunicación defendió su arraigo popular, asegurando que sus millones de televidentes no abandonarán la señal sólo porque los datos que presentan resulten incómodos para el régimen en turno.

El reclamo de la empresa escaló rápidamente hacia el terreno legal y de seguridad nacional a través de tres ejes principales. El primero, calificaron el exhorto presidencial como un intento directo de censura y una violación a la libertad de expresión en el país. También, el comunicado sugirió que las críticas oficiales buscan desviar la atención de la crisis de violencia que vive México. Asimismo, en el señalamiento más severo de la jornada, la cadena acusó formalmente a la administración de Sheinbaum de complicidad con el crimen organizado, recriminándole que persiga a periodistas y críticos en lugar de combatir a los grupos delictivos.

El cruce de acusaciones coloca la relación entre el Estado y los medios en un terreno sumamente pantanoso. Mientras el oficialismo respalda la postura de la presidenta bajo el argumento de combatir la "infodemia", sectores de la oposición y defensores de la libertad de prensa advierten que el uso del aparato público para asfixiar la disidencia mediática sienta un precedente peligroso para la democracia.

El conflicto queda abierto y promete reactivar las añejas disputas fiscales y regulatorias que el Gobierno Federal mantiene con el grupo empresarial disidente.