SHEINBAUM DESVINCULA A LA "4T" DEL INFORME DE DESAPARECIDOS DE LA ONU.

CIUDAD DE MÉXICO. 06 ABRIL 2026

En una postura que ha encendido el debate sobre la crisis humanitaria en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum matizó este lunes 6 de abril el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La mandataria sostuvo que el reporte internacional carece de vigencia al "extrapolar" una problemática estructural a la gestión actual, afirmando tajantemente que los hallazgos de los expertos corresponden a un periodo histórico (2009-2017) que, según sus palabras, "no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación".

Desde Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal argumentó que el grupo de expertos de Naciones Unidas omitió los "avances sustanciales" logrados en la localización de personas desde 2019 y, de manera específica, las actualizaciones metodológicas de 2025. Para el Gobierno de México, el informe resulta tendencioso al ignorar los esfuerzos de depuración de censos y las nuevas instituciones de búsqueda, calificándolo como un análisis que juzga el presente con la óptica del pasado.

Sin embargo, la retórica gubernamental choca de frente con una estadística que resulta imposible de ignorar: México supera ya la barrera de las 130,000 personas desaparecidas. Para los colectivos de madres buscadoras y organismos de derechos humanos, la distinción cronológica que hace la presidenta es, en el mejor de los casos, técnica, y en el peor, una "negación sistemática" de una tragedia que sigue cobrando víctimas cada hora en este 2026.

La indignación social radica en que, mientras el Estado intenta deslindarse de la responsabilidad política ante la comunidad internacional, las fosas clandestinas y la crisis forense —con miles de cuerpos aún sin identificar— demuestran que la maquinaria de la desaparición forzada en México no se detuvo con el cambio de administración.

Expertos advierten que presentar a México como un país que ha superado la crisis ante la ONU no solo es percibido como "ridículo" por las familias de las víctimas, sino que pone en riesgo la cooperación internacional necesaria para frenar la impunidad. El desafío para el gobierno de Sheinbaum no es solo defender sus cifras en los foros globales, sino demostrar que su estrategia de seguridad puede, finalmente, detener una hemorragia social que parece no distinguir entre siglas partidistas ni periodos de gobierno.