Rubén Rocha Moya rompe el silencio: acusa "guerra sucia" de la ultraderecha para golpear al movimiento.

10 julio, 2026 | 11:12 a. m.

Tras 69 días de ausencia, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció públicamente para negar las acusaciones en su contra, calificándolas como una campaña de calumnias impulsada por la ultraderecha para debilitar la soberanía nacional y golpear al movimiento de transformación.

10 de julio de 2026

 

Tras pasar más de dos meses alejado de los reflectores, Rubén Rocha Moya volvió a la escena pública. A través de sus redes sociales, el gobernador con licencia de Sinaloa lanzó un mensaje contundente: aseguró ser el blanco de una estrategia de desprestigio y mentiras orquestada por grupos de ultraderecha, cuyo verdadero fondo, afirmó, es debilitar la soberanía del país y manchar el proyecto de la llamada "cuarta transformación".

 

Rocha Moya explicó que su salida temporal del gobierno sinaloense fue una decisión personal. Su objetivo, según detalló, era renunciar voluntariamente a la protección del fuero para que las autoridades pudieran investigarlo sin trabas. En ese sentido, confirmó que ya se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir su declaración.

 

"Esto es un ataque directo de la ultraderecha. Lo que buscan no es solo dañarme a mí, sino vulnerar la soberanía nacional y golpear al movimiento social más importante de la región", señaló.

 

El político aprovechó para frenar los rumores que circularon durante sus 69 días de ausencia. Desmintió categóricamente las versiones que aseguraban que se había escondido fuera de Sinaloa o que vivía fuertemente resguardado por las fuerzas armadas. Rocha Moya aclaró que desde el primer día de su licencia ha estado en su casa de Culiacán y que no cuenta con ningún tipo de protección especial por parte del Ejército.

 

 

Por su parte, la FGR dio a conocer que existe una investigación abierta que involucra a una decena de personas —entre ellas al exmandatario estatal— a raíz de una petición de extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los fiscales federales aclararon que, tras revisar el caso y recabar testimonios, la justicia mexicana no ha encontrado pruebas sólidas ni elementos suficientes que permitan abrir un proceso penal en su contra.