Reforma a las audiencias en México reactiva la sombra del modelo regulatorio venezolano.

CIUDAD DE MÉXICO. 06 de Agosto 2026.-

El marco regulatorio impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los Derechos de las Audiencias ha encendido las alarmas entre especialistas en libertad de prensa y sectores de la oposición. El proyecto, en fase de consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ha provocado severos cuestionamientos que comparan la iniciativa mexicana con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión («Ley Resorte»), promulgada por Hugo Chávez en Venezuela durante 2004.

Derivada de las reformas legislativas de 2025, la propuesta de la CRT busca imponer exigencias directas sobre las concesiones de radio y televisión, reconfigurando la dinámica entre los medios masivos y la audiencia. Asimimos, dispone que los espacios informativos identifiquen de manera explícita cuándo se trata de una nota periodística, un ejercicio de opinión o una pauta comercial. También, mandata la obligatoriedad de contar con defensores de audiencias autónomos y fijar parámetros públicos de autorregulación. Incluso, confiere al ente regulador atribuciones para actuar como mediador en disputas con los televidentes e imponer multas en caso de desvíos normativos.

Aunque el oficialismo defiende que la ley pretende erradicar la desinformación y la publicidad engañosa, los críticos enfatizan que conceptos ambiguos como "veracidad informativa" otorgan una discrecionalidad peligrosa al Estado para juzgar el trabajo periodístico.

La principal inquietud de los analistas radica en el paralelismo estructural con la trayectoria que siguió el control de medios en Venezuela hace más de dos décadas. Al igual que la propuesta actual, la "Ley Resorte" fue introducida en 2004 bajo la premisa de democratizar el espacio radioeléctrico y tutelar al espectador. No obstante, sus mecanismos punitivos terminaron siendo utilizados por el ente estatal para asfixiar a los medios independientes, revocando concesiones y forzando el cierre de emisoras críticas. Asimismo, defensores de la libertad de expresión advierten que subordinar la línea editorial a criterios gubernamentales abre la puerta a la censura previa, replicando el desgaste democrático observado en el continente.

Con el cierre de la consulta pública a la vista, el debate constitucional sobre el equilibrio entre la protección del público y la autonomía periodística perfila una álgida batalla en los tribunales.