Organizaciones civiles critican nombramiento de Francisco Garduño en la SEP por tragedia migrante.

Ciudad de México. 21 enero 2026

 La reciente incorporación de Francisco Garduño Yáñez a un cargo dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desató una nueva ola de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes reprobaron la decisión debido a su responsabilidad institucional en el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes en 2023.
 

Garduño, quien se desempeñó como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) durante la tragedia, fue designado para ocupar una posición relacionada con la formación y capacitación laboral. Para colectivos y asociaciones civiles, este nombramiento resulta inaceptable, al considerar que el exfuncionario aún enfrenta un proceso judicial por presunto ejercicio indebido del servicio público derivado de aquel hecho.
 

Diversas organizaciones señalaron que otorgar un nuevo cargo público a Garduño mientras el caso sigue abierto envía un mensaje de tolerancia a la impunidad y representa una falta de sensibilidad hacia las víctimas y sus familias, quienes continúan exigiendo justicia, verdad y reparación del daño.
 

Los colectivos advirtieron que decisiones de este tipo debilitan la confianza en las instituciones y contradicen los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos y rendición de cuentas. Asimismo, enfatizaron que la tragedia de Ciudad Juárez no debe ser minimizada ni olvidada, y que las responsabilidades deben esclarecerse antes de permitir el regreso de funcionarios señalados a la administración pública.
 

La polémica ha reavivado el debate público sobre los criterios para ocupar cargos en el gobierno federal y sobre la necesidad de garantizar que la función pública esté alineada con principios de ética, justicia y respeto a los derechos humanos, especialmente en casos que involucran pérdidas humanas bajo custodia del Estado.