Muerte bajo custodia del ICE: México rompe la diplomacia y demanda penalmente en EE. UU..

CDMX; 14 JULIO 2026

En una decisión sin precedentes que redefine los términos de la diplomacia bilateral, el Gobierno de México elevó la confrontación legal con Washington al interponer denuncias penales ante el Departamento de Justicia estadounidense y fiscalías locales. La ofensiva jurídica responde a las muertes de 17 ciudadanos mexicanos registradas durante operativos de captura o en el interior de recintos administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La determinación fue respaldada en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enmarcó la medida como un deber ineludible del Estado en la salvaguarda de sus ciudadanos en el extranjero. Al descartar que este litigio busque fracturar los lazos con la administración de Donald Trump, la mandataria hizo un llamado a la unidad del Congreso para condenar las agresiones y evitar la indolencia institucional ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes.

La vía judicial se activó luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) agotara los canales tradicionales mediante el envío de 11 notas de protesta que no recibieron una respuesta satisfactoria. El saldo de las investigaciones revela que, de las 17 víctimas documentadas, 14 perdieron la vida dentro de los complejos de reclusión migratoria y tres más durante redadas en las calles, casos en los que la Fiscalía General de la República (FGR) actuará como coadyuvante.

Aunque el expediente agrupa defunciones en prisiones con antecedentes críticos como la de Adelanto, en California, el punto de quiebre fue el deceso de Lorenzo Salgado Araujo, un oaxaqueño de 52 años abatido por un elemento del ICE en Texas.

Mientras el informe oficial de la agencia alegaba legítima defensa argumentando que el conductor pretendía embestir al oficial con su automóvil, los peritajes científicos independientes refutaron la versión al demostrar que los disparos ingresaron por los costados del vehículo, confirmando que la trayectoria de la unidad jamás puso en riesgo la integridad de los agentes.

Las evidencias científicas detonaron movilizaciones de familiares y activistas en Phoenix y Houston, sumando el apoyo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien exigió que se castigue a los responsables directos.

Más allá de la ruta punitiva en el ámbito penal, la Cancillería comenzó a fincar precedentes institucionales mediante notificaciones por escrito dirigidas a los consorcios que operan los centros de detención en Estados Unidos. Estos documentos exigen el cese inmediato de negligencias médicas y abusos, sirviendo como base jurídica para promover futuras demandas civiles de reparación de daños en favor de las familias afectadas.

Este choque en las cortes estadounidenses añade un nuevo foco de fricción en la agenda binacional, coincidiendo con un periodo de alta presión para la Casa Blanca ante el descontento de diversos sectores por el recrudecimiento de las redadas masivas en los centros urbanos de la Unión Americana.