La SEP decreta el cierre de las escuelas militarizadas.

CIUDAD DE MÉXICO. 30 de julio de 2026

En una decisión que transforma de fondo la oferta educativa en el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó el cierre gradual y definitivo de los planteles de educación básica y media superior que operan bajo el modelo militarizado.

La medida implica la cancelación inmediata de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a las instituciones privadas con este perfil, mientras que los centros de carácter público serán reestructurados para adaptarse al sistema escolar ordinario.

Desde la perspectiva de la autoridad educativa federal, los métodos basados en la jerarquía castrense, el rigor punitivo y las instrucciones de mando han quedado desfasados respecto a las metas pedagógicas actuales:

"La formación en las etapas del desarrollo infantil y juvenil debe priorizar el pensamiento crítico, la empatía y los derechos humanos. Los esquemas de adiestramiento militar no corresponden a los entornos de aprendizaje ni a la cultura de paz que buscamos consolidar en las aulas", fundamentó la SEP en su dictamen.

Para garantizar que ningún estudiante pierda el ciclo escolar 2026-2027, la dependencia desplegó una ruta de transición operativa. Los alumnos de colegios públicos militarizados serán transferidos de forma automática a secundarias técnicas, generales o bachilleratos estatales cercanos a sus comunidades. Asimismo, las escuelas privadas tendrán un margen de tiempo regulado para reformar sus reglamentos, eliminar la instrucción militar y ajustar sus planes de estudio si desean recuperar la validez oficial. También, equipos psicopedagógicos darán seguimiento a los estudiantes para facilitar su integración a entornos escolares mixtos y de dinámica convencional.

La resolución gubernamental ha dividido con fuerza a la opinión pública.

Por un lado, colectivos en favor de la infancia y especialistas en pedagogía aplaudieron la postura de la SEP. Aseguran que desmilitarizar la enseñanza previene patrones de violencia institucional y promueve espacios de convivencia más saludables para niños y adolescentes.

Por el otro, asociaciones de padres de familia y directivos de los planteles afectados manifestaron un firme rechazo. Defensores del modelo sostienen que la disciplina militarizada brindaba una estructura de vida clave para jóvenes en zonas vulnerables, ayudando a prevenir la deserción escolar, las adicciones y las conductas de riesgo a través del deporte y el sentido de responsabilidad.

Se anticipa que en los próximos días diversos grupos de familias promuevan recursos legales de amparo para detener la medida, mientras las autoridades educativas locales inician la reorganización de la matrícula a pocas semanas del regreso a clases.