Justicia para su esposo: Grecia Quiroz denuncia irregularidades de autoridades capitalinas.
19 febrero, 2026 | 11:49 a. m.Grecia Quiroz denunció públicamente a servidores públicos por omisiones e irregularidades que habrían derivado en la muerte de su esposo. Ante la falta de claridad en los protocolos aplicados, la denunciante y diversos colectivos ciudadanos exigen a la Fiscalía una investigación transparente, imparcial y con perspectiva de derechos humanos para deslindar responsabilidades.
La exigencia de justicia ha tomado fuerza en la capital tras las declaraciones de Grecia Quiroz, quien denunció formalmente a funcionarios públicos por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de su esposo. La denunciante señala que la tragedia no fue un hecho aislado, sino el resultado de omisiones sistemáticas e irregularidades en el actuar de las autoridades.
Según el testimonio de Quiroz, el proceso ha estado plagado de inconsistencias desde el momento de los hechos. Entre los puntos clave de su denuncia destacan:
Fallas en la Cadena de Custodia: Posibles alteraciones en el lugar del incidente.
Protocolos Deficientes: Omisión de los lineamientos de actuación inmediata por parte de los primeros respondientes.
Falta de Transparencia: Retrasos injustificados en el acceso a la carpeta de investigación y peritajes iniciales.
"No solo buscamos esclarecer las causas de su muerte, sino señalar a quienes, por acción u omisión, permitieron que esto sucediera y que la verdad fuera obstaculizada", afirmó la viuda ante medios de comunicación.
El caso ha trascendido la esfera jurídica para convertirse en un estandarte de colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos. En redes sociales, el movimiento bajo consignas de justicia ha presionado a la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) para que el proceso se realice bajo una perspectiva de derechos humanos, evitando el corporativismo institucional que suele proteger a servidores públicos.
Hasta la fecha, las instituciones involucradas se han mantenido en hermetismo, sin emitir comunicados sobre suspensiones preventivas o el inicio de auditorías internas. Sin embargo, la presión social sugiere que el caso podría llegar a instancias federales o incluso a la Comisión de Derechos Humanos local si no se muestran avances claros en las próximas semanas.