INE y Poder Judicial refuerzan escrutinio a candidatos: en revisión perfiles con posibles nexos criminales y bajos promedios académicos.

Ciudad de México, 23 de junio de 2025 

En un contexto de creciente exigencia ciudadana por una representación política más transparente y profesional, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial de la Federación han intensificado los procesos de revisión y validación de candidaturas para diversos cargos de elección popular en el país.

Las autoridades electorales confirmaron que actualmente se encuentran bajo análisis un número significativo de aspirantes, cuyas postulaciones han sido impugnadas por diversas causas, entre ellas la falta de requisitos mínimos como el promedio académico exigido en algunos casos, antecedentes judiciales sin resolver o presuntas relaciones con redes del crimen organizado.

“El INE no está calificando moralmente a los candidatos, pero sí está obligado a garantizar que quienes compiten por cargos públicos cumplan con los requisitos legales, éticos y de seguridad nacional”, señaló Carla Humphrey, consejera del Instituto, en entrevista reciente. Agregó que se han abierto canales de cooperación directa con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR y el SAT para verificar posibles vínculos financieros ilícitos.

De forma paralela, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido más de 60 recursos relacionados con impugnaciones a registros, principalmente por irregularidades en los expedientes académicos o por inconsistencias en las declaraciones patrimoniales y de intereses.

Uno de los puntos más polémicos en la agenda es la posibilidad de negar registros a candidatos que no acrediten un desempeño académico mínimo en carreras vinculadas con la administración pública, legislación o gestión. Aunque esta medida no está claramente establecida en la legislación vigente, algunas entidades han intentado implementarla como criterio técnico adicional. La propuesta ha generado una fuerte discusión entre académicos y especialistas en derecho electoral, quienes advierten que podría interpretarse como discriminatoria o violatoria del derecho político a ser votado.

Sin embargo, el punto más delicado sigue siendo la supuesta infiltración del crimen organizado en procesos electorales. El INE confirmó que al menos una decena de candidaturas en estados del norte y occidente del país han sido puestas “en pausa” por investigaciones en curso relacionadas con lavado de dinero, financiamiento irregular de campañas y vínculos indirectos con grupos armados.

Organismos ciudadanos como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han exigido al Estado mexicano tomar decisiones ejemplares, ya que “la democracia no puede ser rehén de intereses criminales ni trampolines académicos simulados”.

Por ahora, el calendario electoral continúa en marcha, pero se prevé que en las próximas semanas se den a conocer más resoluciones del INE y el TEPJF, que podrían modificar las listas finales de candidatos a nivel federal y estatal.

La ciudadanía, en tanto, observa con escepticismo y esperanza. A escasos meses de las elecciones, la limpieza del proceso no solo se juega en las urnas, sino también en los tribunales.