Estudio técnico convocado por Sheinbaum plantea vía libre al fracking en el norte del país bajo estrictas salvaguardas ambientales.

CIUDAD DE MÉXICO. 06 de Agosto 2026. —

En el marco de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 6 de agosto de 2026, el comité científico multidisciplinario encargado de evaluar el potencial energético del país dio a conocer su primer dictamen oficial sobre la viabilidad de implementar la fracturación hidráulica (fracking) en territorio nacional. El panel de especialistas concluyó que existen condiciones técnicas para aprovechar los yacimientos no convencionales, recomendando acotar la actividad a zonas específicas del norte de México e imponiendo exigencias ecológicas sin precedentes.

La evaluación estratégica del grupo interdisciplinario delimitó con claridad los territorios donde sería factible iniciar trabajos de exploración, separando las regiones con potencial industrial de aquellas con alto riesgo socioambiental. El dictamen sugiere centrar los esfuerzos de evaluación y las eventuales fases piloto en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos (que abarca sectores clave de Coahuila y Nuevo León) y en la Cuenca de Burgos (ubicada en Tamaulipas), al tratarse de zonas geológicas maduras con infraestructura previa y menor presión hídrica urbana.

Por el contrario, los expertos descartaron tajantemente la aplicación de esta técnica en el sistema Tampico-Misantla (que comprende regiones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí), argumentando que la elevada densidad poblacional, la fragilidad de los ecosistemas locales y la riqueza en biodiversidad hacen inviable el desarrollo de proyectos no convencionales sin generar severos conflictos sociales y ecológicos.

Para evitar la contaminación de mantos acuíferos y el desabasto de agua potable en las comunidades aledañas, el comité supeditó cualquier avance operativo al cumplimiento riguroso de una serie de condicionales técnicas. Queda estrictamente prohibida la extracción de agua superficial o subterránea apta para consumo humano o agrícola; las operaciones deberán abastecerse de forma exclusiva mediante agua salada de formación profunda o efluentes residuales industriales previamente tratados. Asimismo, las empresas operadoras tendrán la exigencia legal de procesar y reutilizar al menos el 75 % del caudal empleado en cada pozo, reduciendo drásticamente la huella hídrica total del proceso. También, se establece la regulación y sustitución de sustancias tóxicas en los fluidos de perforación, obligando al uso de recipientes y circuitos cerrados para prevenir infiltraciones en el subsuelo. 

Por otro lado , el aval final para cada proyecto dependerá de la realización de procesos de consulta previa, libre e informada con los habitantes de las zonas de influencia, acompañados por un monitoreo sísmico y de calidad del agua operado de forma independiente.

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el informe servirá como base de análisis y que su administración evaluará a detalle la disponibilidad efectiva de agua salada antes de autorizar cualquier plan piloto o inversión en la materia, manteniendo el principio de balancear la soberanía energética con la sostenibilidad hídrica de la nación.