El "Manto de Impunidad": Víctimas de La Luz del Mundo denuncian pacto de protección en la FGR.

CIUDAD DE MÉXICO | 16 de abril de 2026

La búsqueda de justicia en México para las víctimas de La Luz del Mundo ha chocado de frente contra un muro institucional. Sochil Martín y Sharim Guzmán, sobrevivientes del esquema de abusos de la organización, alzaron la voz este jueves para denunciar que la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido "sepultar" las investigaciones, una acción que califican como un encubrimiento descarado desde las altas esferas del poder.

Tras la decisión de la FGR de cerrar la carpeta de investigación en territorio nacional, los denunciantes no han dudado en señalar que la razón no es la falta de evidencia, sino la protección política. Según Martín y Guzmán, la influencia de la iglesia en el Congreso y su cercanía con figuras del actual gobierno han creado un "blindaje" que impide que la justicia avance contra los cómplices de Naasón Joaquín García en México.

Mientras en Estados Unidos existen sentencias condenatorias y pruebas irrefutables, en México la FGR dictamina que "no hay elementos" para proceder. Asimismo, los sobrevivientes acusan que el Estado mexicano ha decidido ignorar los delitos de trata de personas y lavado de dinero para no afectar sus alianzas con la estructura de la organización. Incluso, la denuncia enfatiza que el cierre del caso deja en el desamparo a decenas de mujeres que se atrevieron a testificar, enviando un mensaje de impunidad total.

"México se ha convertido en el santuario de quienes nos destruyeron la vida. El gobierno no busca la verdad, busca proteger sus votos y a sus amigos en la cúpula de la iglesia", declaró Sharim Guzmán.

Ante lo que consideran un sistema judicial "arrodillado" ante intereses religiosos y partidistas, los sobrevivientes anunciaron que no se detendrán. Su siguiente paso será escalar la denuncia ante organismos internacionales, argumentando que el Estado mexicano ha fallado sistemáticamente en su deber de proteger a los ciudadanos frente a redes de criminalidad organizada disfrazadas de culto.

El mensaje de los sobrevivientes es claro: el cierre del caso por parte de la FGR no es un acto jurídico, sino un acuerdo político que deja una herida abierta en la credibilidad del sistema de justicia mexicano.